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 Bruselas bloquea el poder del Gobierno para decidir en Iberdrola. |
21/04/2008
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Todos los mecanismos para que el Ejecutivo pueda intervenir a discreción en las operaciones energéticas, (’ley Rato’, ‘ley anti-E.ON’, función 14) están en gran parte invalidados por la UE, o superados por las circunstancias.
Entre 2005 y 2007, en la guerra de ofertas sobre Endesa, el Gobierno dejó el listón muy alto a la hora de demostrar su capacidad de intervenir en los movimientos corporativos. Hubo cambios legales, como la ampliación de poderes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) a los que se denominó anti-E.ON. El nombre lo decía todo.
Ahora, cuando Iberdrola aparece en todas las quinielas corporativas, la capacidad del Ejecutivo para hacer y deshacer está muy menguada. Al nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, se le atribuye una supuesta predisposición a influir en el diseño del futuro mapa energético. Pero el Ejecutivo se verá maniatado por Bruselas. Las herramientas legales de las que dispone para poder terciar, o bien están por debajo de los dictámenes de la UE, o bien están atascadas judicialmente.
Una de las grandes palancas normativas es el poder para vetar, o poner condiciones, a una operación por motivos de competencia. Desde 2007, con la integración de Scottish Power, Iberdrola se ha internacionalizado enormemente. Más de un tercio de sus ventas en la UE proceden de fuera de España. Automáticamente, esto hace que cualquier operación de integración de, o hacia, la compañía, tenga “dimensión europea”.
Serán las autoridades europeas (el departamento de Competencia de la UE, que dirige la comisaria Neelie Kroes) las que decidan el visto bueno y en qué condiciones. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) no tendría potestad. La CNE no podría hacer uso de su función 15 (la que le permite realizar informes preceptivos al Gobierno sobre los efectos en el libre mercado). En su día, Endesa intentó demostrar que tenía dimensión europea para zafarse de la opa hostil de Gas Natural, haciendo que fuera Bruselas, y no España, la que diera su veredicto. Por otra parte, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, mostró la pasada semana que está abierto al diálogo si, entre otras condiciones, un proyecto de fusión supone que uno más uno suman dos. Es decir, no conlleva desinversión de activos. Uno de los escenarios que se barajan en el mercado es el de la posible fusión Iberdrola-Gas Natural.
Bruselas podría ser mucho más estricta y exigir más desinversiones que el Gobierno español, que en principio ve con buenos ojos la creación de un gran campeón energético nacional. Otras herramientas jurídicas del Gobierno para intervenir también están ahora en apuros (ver información adjunta).
Técnicamente, la denominada ley Rato, que impediría a una empresa pública como EDF (a la que se le atribuyen pretensiones sobre Iberdrola) comprar más del 3% de un grupo energético español, está en vigor en España. Pero una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE obliga a derogarla. Más confuso es el poder de maniobra a través de la función 14 de la CNE, que da autoridad al regulador español para imponer condiciones en una operación energética en lo que afecta a negocios regulados. La ampliación de esta función, justo cuando E.ON lanzó su opa sobre Endesa, fue lo que dio lugar al sobrenombre de anti-E.ON.
La forma de utilización de esa normativa por el Gobierno fue denunciada por Bruselas. Ahora es objeto de juicio en el Tribunal de Justicia. El caso podría prolongarse más de un año. En ese tiempo, la CNE podría utilizar la función 14. Fuentes cercanas al regulador reconocen, no obstante, que, aunque sólo sea desde el punto de vista estético, con la función 14 en el banquillo judicial, difícilmente esta normativa, que en ultima instancia da el poder a Industria, podría usarse a discreción.
‘Ley Rato’, casi una década de barrera anti-EDF
La ley Rato, bautizada así por el ex ministro de Economía, apareció de tapadillo, como disposición adicional 27 en la Ley 55/99. Hace casi una década. Prohibía a cualquier compañía pública adquirir más del 3% de una empresa energética española. Surgió cuando se especulaba sobre una inminente opa de EDF sobre un grupo español, que nunca llegó. Por eso se le llamó también ley anti-EDF. En una sentencia de febrero, no recurrible, el Tribunal de Justicia europeo obliga a España a suprimirla.
‘14’, el número maldito de la energía
Con la ley 4/2006, se amplió la función 14 de la CNE. Antes, en la compra de una empresa regulada, la CNE sólo podía poner condiciones si el comprador era otra empresa energética regulada en España. Con la 4/2006, el veto se extendía a compradores no energéticos o que, siéndolo, no eran españoles. Se le llamó ley anti- E.ON, que en ese momento intentaba hacerse con Endesa. Para Bruselas, que denunció a España, la forma en la que se ha aplicado la función 14 es una violación de la libre circulación del capital.
El que dice ‘BOE’, también puede decir ‘vete’
El Gobierno también ha tenido la normativa que restringe al 3% los derechos de voto en más de una empresa energética (decreto 6/2000). Pero la norma es interpretable. La CNE ha permitido a ACS (45% de Fenosa), algunos derechos en Iberdrola (12%). Con todo, la herramienta más poderosa siempre es el BOE. ¿Quién va a realizar una operación sin consentimiento del Ejecutivo?, dicen en el sector. El BOE sigue fijando tarifas, derechos sobre CO2, etc. Demasiado en juego para enfrentarse al Gobierno.
El corsé europeo
· Las autoridades de Competencia de Bruselas son las encargadas de analizar las operaciones de concentración empresarial cuando tienen dimensión europea.
· Iberdrola tiene más de un tercio de sus ventas europeas fuera de España, lo que automáticamente le da dimensión europea.
· Cualquier operación que afecte al gigante energético español debe pasar por la ventanilla europea, y no por la Comisión Nacional de Competencia española.
· La ley Rato, diseñada contra gigantes como EDF, está judicialmente anulada. Y la ampliación de la función 14 de la CNE tiene un futuro incierto.
· Bruselas puede ser mucho más restrictiva que las autoridades españolas en una posible fusión Iberdrola-Gas Natural. En su día, Endesa quiso defenderse de la opa de Gas Natural intentando que fuera Bruselas la que analizara la operación.
(Expansion.com)
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